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Santo Domingo. — La Dirección General de Cine (DGCINE) presentó los resultados de un estudio basado en datos oficiales del sistema SIRECINE, el cual confirma que la Resolución CIPAC 2024-232, que establece un tope presupuestario de RD$25 millones para los largometrajes documentales, ha generado un impacto positivo en la estructura de la producción documental en la República Dominicana.
Los hallazgos del estudio fueron presentados a la directiva de la Asociación Dominicana de Documentalistas (ACU), como parte de un espacio de diálogo y socialización de los efectos de esta política pública en el sector, permitiendo compartir evidencia técnica y escuchar impresiones de los actores directamente vinculados a la producción documental.
“Desde la Dirección General de Cine reconocemos que la industria del cine avanza hacia una mayor apertura y capacidad de autorregulación. La revisión de los resultados de esta resolución, impulsada a partir del diálogo con el sector documental, refleja una tendencia positiva a democratizar los procesos, fortalecer la participación de los distintos actores y construir consensos que contribuyan a un desarrollo más transparente, inclusivo y sostenible de la cinematografía nacional”, expresó Marianna Vargas Gurilieva, directora general de la DGCINE.
Durante el encuentro, Ingrid Cruz, presidenta de ACU, valoró también de forma positiva la iniciativa y destacó la importancia del diálogo institucional, al señalar que:
“Desde ACU valoramos muy positivamente este encuentro con la DGCINE, que reafirma una visión compartida sobre el fortalecimiento del cine documental dominicano. El estudio presentado evidencia avances importantes en la diversificación de la producción y la incorporación de nuevas voces, al tiempo que abre un espacio necesario para seguir afinando políticas que apunten a la calidad, la sostenibilidad y el crecimiento del sector”.
El análisis revela que, tras la implementación de la resolución, se redujo de manera significativa la concentración del mercado, diversificando los escenarios en los que un mayor número de productores participan en la actividad documental. Este cambio ha permitido una mayor participación y permanencia de productores, fomentando un entorno más equitativo y competitivo.
Asimismo, el estudio destaca un incremento en la cantidad de proyectos documentales producidos, evidenciando una expansión sostenida del género dentro de la industria audiovisual nacional, así como una adaptación activa del sector al nuevo tope presupuestario establecido. En términos cuantitativos, se registra un crecimiento cercano al 51 % entre los años 2022 y 2025, lo que confirma la expansión del cine documental dominicano.
Los resultados también muestran una recomposición del perfil presupuestario de los documentales, reflejando un proceso de profesionalización del sector. No obstante, el informe subraya la importancia de continuar desarrollando políticas públicas que apoyen a los productores emergentes y a las producciones de menor escala.
De acuerdo con el análisis estadístico realizado, previo a la entrada en vigor de la Resolución CIPAC 2024-232 no existía una tendencia que explicara estos cambios, lo que refuerza que los efectos observados están directamente asociados a su aplicación.
Estos hallazgos aportan evidencia objetiva sobre el rol de las políticas públicas en el fortalecimiento del cine documental dominicano y servirán como insumo para futuras decisiones orientadas al desarrollo sostenible del sector.
A la reunión asistieron, por parte de ACÚ, Ingrid Cruz, presidenta; Erika Santelices, secretaria; y Robelitza Pérez-Peña, vocal de la asociación.
